La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Estado de Arizona están tomando medidas contra Coulter Motor Company, con sede en Arizona, por participar en prácticas que perjudican a los consumidores. Estas incluyen la publicación de precios engañosos de vehículos y el cobro adicional a los latinos interesados en comprar carros. Coulter, junto con su ex director general Gregory Depaola, pagarán $2.6 millones para resolver la demanda, la mayor parte destinada a reembolsar a los consumidores afectados.
En la demanda anunciada hoy, la FTC y el Estado de Arizona alegan que Coulter, operando bajo las marcas Coulter Cadillac Tempe y Tempe Buick GMC junto con Depaola, cobraban regularmente a los consumidores por adicionales no deseados y otros cargos falsos. Una encuesta reveló que al 92% de los consumidores se les cobró al menos un adicional sin su autorización o porque pensaban que era obligatorio.
Samuel Levine, Director de la Oficina de Protección del Consumidor de la FTC, declaró: “Coulter utilizó cargos ocultos e inesperados y otras tácticas ilegales para aumentarles los precios a los consumidores, especialmente a los consumidores latinos”. Añadió: “La FTC seguirá tomando enérgicas medidas contra las prácticas que elevan los precios, engañan a los consumidores y perjudican a los vendedores honestos”.
Según la demanda, Coulter anunció en línea precios con grandes descuentos comparados con los minoristas sugeridos. Los consumidores se quejaron de que al llegar al concesionario les informaban que el precio anunciado no estaba disponible y sumaban cientos o miles de dólares más al precio anunciado bajo conceptos como “ajuste de mercado” o adicionales preinstalados.
Los adicionales incluían ítems como grabado del número de identificación del vehículo, polarizado de ventanillas, neumáticos inflados con nitrógeno y servicios de recuperación de robo. En algunos casos se alegó que Coulter cobró dos veces por estos adicionales.
También se acusa a Coulter de discriminar a los consumidores latinos en las transacciones vehiculares. En promedio, estos pagaron casi $1,200 más en intereses y cargos adicionales comparado con sus contrapartes blancas no latinas debido a remarcaciones en tasas de interés sobre financiación y mayores cargos por productos adicionales.
La demanda acusa a Coulter y Depaola de infringir la Ley de la FTC, la Ley de Igualdad de Oportunidades Crediticias y la Ley Contra Fraude al Consumidor del Estado Arizona.
Bajo una orden federal propuesta con la FTC y el Estado Arizona,Coulter y Depaola deben pagar $2.6 millones; $2.35 millones serán destinados para reembolsar a los consumidores afectados. El acuerdo también requiere que Coulter establezca un programa integral para prácticas equitativas en préstamos incluyendo designación oficial para préstamos justos e implementación políticas adecuadas para cobros.
El resultado fue aprobado por unanimidad (5-0) por parte del personal autorizado presentar demanda ante Corte Federal Distrito Arizona.
NOTA: La Comisión presenta demandas cuando existe una "razón para creer" infracción ley considera procedimiento interés público órdenes finales adquieren fuerza ley aprobadas firmadas juez Corte Distrito.
Los abogados encargados son Sanya Shahrasbi Brian Berggren Oficina Protección Consumidor FTC
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